febrero 22, 2021

Carta al Congreso sobre la elección de la Corte de Constitucionalidad

Elección Corte de Constitucionalidad

De conformidad con lo establecido en la Constitución y demás leyes internas, le corresponde al Congreso realizar el nombramiento de Magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC).

Vemos con preocupación el acuerdo 3-2021 emitido por el Congreso, en el que se realiza la convocatoria para la integración de la Corte de Constitucionalidad, sin que se incluyan elementos mínimos que el Estado, en virtud de los compromisos adquiridos internacionalmente, debe adoptar para la designación de las magistraturas que le competen. Estas medidas deben garantizar la independencia, imparcialidad, objetividad, capacidad e idoneidad de los funcionarios del sistema de justicia.

En tal sentido, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ofrece una serie de criterios aplicables para la elección y nombramiento de dichos funcionarios, que el Congreso debe de considerar, en virtud de ser un poder representativo del pueblo y con el fin de que la designación asegure cumplir con criterios que garanticen la efectividad del proceso, más allá del cumplimiento formal.

El acuerdo 3-2021 no establece el procedimiento específico que se seguirá para la evaluación y designación, compartimos algunos principios a considerar durante la elección.

Recomendaciones

  1. Transparencia. Deben aplicarse, con base en la experiencia, buenas prácticas nacionales e internacionales que garanticen los mecanismos de publicidad adecuados, para que la población pueda seguir de cerca el proceso de postulación, toma de decisión y posterior designación. Por ejemplo, que los procesos de postulación sean abiertos, la publicación de los nombres de los y las candidatas que serán consideradas y la celebración de audiencias públicas, entre otros.
  2. Nominación con base en criterios objetivos. Resulta necesaria la generación de criterios de evaluación objetivos y cuantificables, que permitan la selección de las personas atendiendo a méritos de capacidad, idoneidad y ética comprobable, disminuyendo con ello la posibilidad de prácticas de tráfico de influencias o discriminación entre quienes aspiran al cargo. Para ello resulta necesario que tal como lo ha indicado la Corte de Constitucionalidad con anterioridad, los Diputados se pronuncien a viva voz al momento de emitir su voto.
  3. Participación Ciudadana. Todo método utilizado para la selección de cargos de alta investidura judicial debe garantizar que no sea nombradas personas por motivos indebidos, por ello la participación de la ciudadanía en audiencias públicas y la presentación de objeciones fundamentadas resultan relevantes.

Existe una particular preocupación respecto de la presentación de postulantes que ejercen el cargo de Diputados al Congreso de la República, pues existe un evidente conflicto de intereses donde será el mismo órgano al cual pertenecen el que proceda a elegirlos, lo que coloca en desventaja al resto de postulantes que no tienen la capacidad de ejercer influencia en sus votantes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- ha exhortado a que los Estados hagan una revisión encaminada a eliminar “todas las normas que pudieran traducirse en una discriminación de las y los candidatos que aspiren a un cargo en las entidades de justicia, tanto de aquellas que claramente establezcan una discriminación como de aquellas que por su vaguedad o amplitud puedan generar situaciones de discriminación de facto. Asimismo, la CIDH insta a los Estados a adoptar medidas que permitan incorporar criterios objetivos en los procedimientos de selección y nombramiento para evitar prácticas discriminatorias en ellos. En este sentido es especialmente importante capacitar a los funcionarios a cargo de estas tareas a efecto de favorecer una actuación objetiva en la determinación de las calificaciones o idoneidad de las candidatas y candidatos.” 

Diputados y Diputadas, el acuerdo 3-2021, constituye un retroceso de los antecedentes legislativos, en virtud de no establecer un procedimiento para la evaluación y ponderación de los postulantes, como se realizó en anteriores ocasiones. Por ello, confiamos en que se corrija el proceso de la convocatoria y que la elección se realice con base exclusiva de méritos de capacidad, idoneidad y honradez, que no estén vinculados a interés sectarios de grupos particulares y sobre todo que no se elija a candidatos integrantes del propio Organismo Legislativo, pues ello sería una clara muestra de conflicto de intereses.


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