julio 12, 2020

Acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo 22-2020 de la CSJ sobre el Juzgado 12

Este día la Alianza por las Reformas y el Colectivo de Investigaciones Sociales y Laborales (COISOLA) presentamos una acción de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo 22-2020 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el cual se designa al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala para “conocer con exclusividad” todos los delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos. 

Dicho acuerdo viola el artículo 12 de la Constitución Política de República porque ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.  En tal sentido, la CSJ no tiene facultad para crear tribunales especiales, sino que esta competencia le corresponde exclusivamente el Congreso de la República, como ha ocurrido con los tribunales especializados de Mayor Riesgo y los tribunales de femicidio que se crearon a través de una ley.  Además, el Acuerdo viola el artículo 203 sobre la independencia judicial, y el derecho de toda persona a ser juzgadas por un juez objetivo, imparcial e independiente.

Consideramos que, la intención de la Corte Suprema de Justicia es nombrar jueces ad hoc para favorecer a funcionarios señalados de corrupción o perjudicar a fiscales, jueces y otros funcionarios con base en denuncias maliciosas o infundadas.  Esto representa una clara violación a la garantía de igualdad ante la ley y puede ser utilizado como un instrumento de impunidad o un mecanismo para juzgar maliciosamente a fiscales y jueces como represalia por su labor independiente.  Por ello, esperamos que la Corte de Constitucionalidad deje sin efecto esta disposición arbitraria.

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