enero 15, 2021

Los órganos electores de los magistrados y magistradas a la CC deben garantizar elecciones libres de conflictos de interés

Transparencia Internacional define los conflictos de intereses como la “situación en la que una persona o la entidad en la que esta trabaja, ya sea un gobierno, empresa, medio de comunicación u organización de la sociedad civil, debe optar entre las responsabilidades y exigencias de su puesto y sus propios intereses privados”.  En el caso de la elección para la conformación de la Corte de Constitucionalidad, significa que una persona se encuentre ante el riesgo de tomar decisiones basadas en sus relaciones e intereses personales y no de la protección de los principios consagrados en la Constitución Política de la República.

Es fundamental que la elección para el máximo órgano de justicia se base en los méritos constitucionales de capacidad, idoneidad y honradez y no en vínculo o interés particular alguno, pues es una garantía de la ciudadanía que la Corte de Constitucionalidad sea totalmente independiente para resolver en beneficio del país y para poder fiscalizar a los órganos de Estado de manera eficiente. Por eso es fundamental elegir a quienes no están vinculados directamente con quienes integran los órganos electores.

La ciudadanía espera que las autoridades actúen de forma ética y congruente con la ley, evitando elegir a personas que están o han estado en directa e íntima relación con ellas, evitando así el conflicto de interés. Si eligen a alguien para beneficiarse directa o indirectamente, no solo incurren en una falta ética y en la transgresión a normas de probidad (Art. 18 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios Públicos; Art. 20 de las Normas éticas del Organismo Judicial, Art. 98 de la Ley del Organismo Legislativo, entre otras) sino que podrían incurrir también en responsabilidad penal por abuso de autoridad o incumplimiento de deberes.  El Estado de Guatemala se ha comprometido a adoptar medidas para evitar y sancionar el conflicto de interés en la Convención de la ONU contra la Corrupción (Arts. 7, 8 y 12) y en la Convención Interamericana sobre la misma materia (Art. III.1).

Algunas prácticas que entrañan un evidente conflicto de interés son:

  • Los autonombramientos, es decir que quien deba elegir, se elija a sí mismo para el cargo, por ejemplo, el Congreso que nombra a diputados/as para un cargo en la Magistratura; el Organismo Ejecutivo nombrando a sus integrantes o la Corte Suprema de Justicia nombrando a sus magistrados.
  • Nombramientos cruzados entre instituciones del Estado para aparentar que se trata de candidaturas independientes cuando en realidad se trata de negociaciones ilegítimas.
  • Nombramientos de personas con las que se tiene o ha tenido negocios, amistad o parentesco.

Aprovechar el cargo que se tiene para nombrar a personas allegadas y que demostrarán lealtad con su elector, afecta la democracia y el Estado de Derecho, además de ser ilegal y contrario a los compromisos que Guatemala tiene en materia anticorrupción.  Se exige a los órganos electores a evitar cualquier conflicto de interés en la designación de las magistraturas a Corte de Constitucionalidad para garantizar la independencia judicial.

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