julio 19, 2021

La suspensión provisional de algunas disposiciones de la Ley de ONG no es suficiente

Ley de ONG

En auto de fecha 14 de julio de 2021 la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió decretar la suspensión provisional de determinadas disposiciones, contendidas en el decreto 4-2020 la cual realiza modificaciones a la Ley de ONG y al Código Civil. Si bien la suspensión de determinadas palabras es correcta, pues son evidentemente inconstitucionales, no son suficientes para la defensa de los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución Política de la República.


La CC ha suspendido las palabras relacionadas al control y a la cancelación inmediata de organizaciones no gubernamentales sin proceso previo, las cuales eran planteadas como mecanismo de coerción, venganza o excesivo control contra las organizaciones que no fueran del agrado de determinados funcionarios públicos de turno, lo que atenta contra los principios de libertad de acción y asociación consagrados en la Constitución.


Sin embargo, existen otros artículos dentro del decreto que evidencian abuso de poder, controles desmedidos y criterios discrecionales que pueden atentar contra los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala, además de entrar en contradicción con el texto constitucional y limitar derechos reconocidos en un Estado democrático de Derecho.


Entre ellas se pueden mencionar:

  1. La insistencia de pretender enmarcar a las organizaciones dentro de un catálogo de posibles actividades sobre las cuales pueden actuar (Art.4), limitando así el derecho de libertad de acción y asociación que permiten a los ciudadanos dedicarse a aquello que consideren correcto y legitimo, siempre y cuando no se encuentre prohibido en la ley.
  2. La creación de un nuevo registro en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin que sea esta la función de dicho Ministerio, en el contexto de un Estado republicano, respetuoso de las relaciones internacionales con países amigos. Además de contemplar excesivos requisitos que no son ni siquiera considerados en sus países de origen.
  3. Trámites desmedidos, burocráticos y costosos, tales como la publicación del balance general al cierre del ejercicio fiscal, requisito no exigido a otros tipos de organizaciones, ni siquiera a las mercantiles.
  4. Mantiene la discrecionalidad en la utilización del término de “alteración del orden público” como motivo de cancelación, sin que exista claridad sobre dicha calificación y sin que corresponda al Ministerio de Gobernación tal atribución, pues, en todo caso, corresponde al Ministerio Público la investigación de la comisión de delitos y solo pueden imponerse dichas sanciones tras ser vencido en un proceso penal, tal y como lo establece el artículo 38 del Código Penal referente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La CC tiene la obligación de expulsar del ordenamiento jurídico este tipo de normativas propias de estados autoritarios que buscan gobernar silenciando la crítica y la oposición, pretendiendo controlar y amedrentar a las personas individuales o jurídicas que les resultan incómodas.


Las organizaciones de todo tipo (asociaciones, fundaciones, tanques de pensamientos, cámaras empresariales y cualquier otro tipo de organización) debemos pronunciarnos de manera contundente ante esta ley que violenta principios y derechos constitucionales que tanto sacrificio y esfuerzo le han costado al pueblo de Guatemala.

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