julio 28, 2021

La destitución de Juan Francisco Sandoval es arbitraria e ilegal

Juan Francisco Sandoval

El 23 de julio del presente año, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, emitió el acuerdo 2157-2021 de destitución del Fiscal Juan Francisco Sandoval. En dicho acuerdo la Fiscal General indica que el motivo de la destitución es que “al presentar objeción por escrito a la instrucción verbal emitida por la señora Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público el 21 de julio de 2021, sin proceder esta, desobedece deliberadamente la instrucción vertida dentro de sus funciones” (…). En virtud de ello se procede a tomar la decisión de destituirle.


No obstante, la objeción planteada por el Fiscal Sandoval se fundamenta en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y se interpone cuando: “El fiscal que recibiere la instrucción por escrito del jefe inmediato que considere contraria a la ley, sin efectos suspensivos, lo hará saber a quién emitió la instrucción por informe fundado dentro de dos (2) días”.

Lo planteado por el Fiscal Sandoval obedece a que considera que no es pertinente asignar a la fiscal Cinthia Monterroso a cargo de la agencia 8 por los siguientes motivos:

  • La instrucción de la Fiscal no podía darse de manera verbal, por lo que solicita que de mantener la decisión de nombrar a Cinthia Monterroso a cargo de la agencia, se proceda de conformidad con la ley y se gire la instrucción de manera escrita.
  • Los casos que se tramitan en la agencia 8 tienen como Juez contralor el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza contra quien la fiscal Cinthia Monterroso ha presentado denuncias penales, lo que podría provocar la excusa de la Juez a cargo y esto representaría una demora injustificada los expedientes judiciales.
  • Los auxiliares a cargo de las investigaciones han manifestado su oposición a que dicha fiscal asuma la dirección de la agencia, pues existen roces personales evidentes que perjudicarían el trabajo diario y sobre todo el curso de las investigaciones que realizan.
  • Existe una investigación en curso en la Fiscalía de Asuntos Internos contra la Fiscal Monterroso por una denuncia presentada por el fiscal Sandoval por encontrar evidencia de posibles hechos delictivos en el ejercicio del cargo de la fiscal.


Por su parte, el artículo 67 de la ley orgánica establece: “El fiscal que reciba una instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones deberá cumplirla si se encuentra enmarcada dentro de la ley y atenerse a ella en sus actuaciones, sin perjuicio de manifestar su posición personal”, por lo que el planteamiento de una objeción fundada estipulada en la ley, no puede considerarse desde ningún punto de vista una desobediencia a una instrucción emitida por ninguna autoridad del Ministerio Público, pues es un derecho que le asiste a los fiscales en resguardo de su independencia. Mucho menos puede considerarse una causal de destitución por los siguientes motivos:

  • En adición, resulta inadmisible la justificación del cargo de confianza para evitar el seguimiento de un proceso disciplinario que tenga como finalidad la destitución de un fiscal, pues de conformidad con la jurisprudencia emitida por la Corte de Constitucionalidad para que “un empleado público pueda considerarse como representante del patrono o empleado de confianza, tal clasificación debe estar expresamente regulada en la ley, ya sea en normas de carácter ordinario, especial o profesional, ello en virtud que en la estructura administrativa del Estado no es fácilmente identificable quiénes cumplen las funciones establecidas en las normas de aplicación general (como el Artículo 4 del Código de Trabajo), ello con base en los principios de seguridad y certeza jurídica, a efecto de evitar que por arbitrariedad, o en represalia, se pretenda calificar indiscriminadamente las plazas que ejercen funcionarios y empleados públicos como de confianza o de representación patronal…” (Resolución de fecha 2 de abril de 2019. Expedientes acumulados 3636-2018 y 3651-2018)
  • El título V de la Ley Orgánica del Ministerio Público regula lo relativo a la disciplina en el servicio, regulando los principios de legalidad, independencia del procedimiento, derecho de defensa y proporcionalidad como principios rectores. Para ello, se establecen el catálogo de faltas leves, graves y muy graves que pueden cometer los funcionarios en el ejercicio del cargo, así como las sanciones que deben aplicarse. Para conocer de este proceso y garantizar la independencia, la ley regula las juntas disciplinarias, las cuales tienen a su cargo conocer y sancionar de conformidad con la ley. El Fiscal Juan Francisco Sandoval nunca fue sometido a un proceso disciplinario en donde tuviera la oportunidad de ejercer su derecho de defensa ni se cumplieran con ninguno de los principios regulados en la ley.
  • Además, el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente establece en el artículo 6, que “como trabajador (a) se comprende a la totalidad de personas individuales que prestan su servicio en el Ministerio Público, en virtud de un nombramiento o relación de trabajo”. El artículo 14 garantiza la estabilidad laboral de sus trabajadores, “salvo que estos incurran en cualquiera de las causales justas de despido contempladas en la ley y de acuerdo al procedimiento disciplinario correspondiente”.
  • Los estándares internacionales en materia de derechos humanos establecen que en los casos de destitución de fiscales es necesario cumplir con el principio de legalidad y garantizar de manera objetiva e imparcial el debido proceso y el derecho de defensa, principios que no fueron respetados en la decisión de la Fiscal General al momento de emitir el acuerdo de destitución sin que exista justa causa. En el informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados con fecha 7 de junio de 2012 indicó: “Teniendo presente la importancia de la función de los fiscales, su destitución debe estar sujeta a criterios estrictos, que no deben socava la realización independiente e imparcial de sus funciones”.

Es evidente el incumplimiento de las normas en la destitución del jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) y se advierte una decisión unilateral, arbitraria, caprichosa y deliberada en las acciones tomadas por la Fiscal Consuelo Porras. Ello representa graves retrocesos en materia del fortalecimiento de la independencia fiscal y el socavamiento de las normas constitucionales y ordinarias que en materia de justicia tanto trabajo ha costado alcanzar.


Rechazamos los señalamientos públicos que ha realizado la Fiscal General contra el Licenciado Sandoval, pues no forman parte de los motivos argumentados en la resolución de destitución y de haber considerado dichos aspectos se debieron de iniciar las acciones administrativas y disciplinarias correspondientes.


Externamos nuestra preocupación por las manifestaciones de la Fiscal General en cuanto a procurar la criminalización de varios casos en contra del licenciado Sandoval y, además, así entorpecer los casos bajo investigación de la FECI; ello con la finalidad de lograr una orden de captura en su contra.


El fortalecimiento de la carrera fiscal, la independencia y la objetividad son principios fundamentales en un Estado de Derecho, los cuales debemos de impulsar y proteger

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