febrero 22, 2021

Conflicto de interés, Elección de la CC

Ni en la ley guatemalteca, ni en la legislación internacional existe una definición concreta del conflicto de interés, a pesar que tanto la Convención Interamericana contra la Corrupción, como la Convención de la ONU sobre la misma materia, establecen la obligación del estado de establecer medidas para prevenir y sancionar.

El conflicto de interés se define como la existencia de situaciones de riesgo objetivo para los intereses públicos o los intereses de determinado colectivo porque una persona (funcionario público o agente privado). Se encuentra sometida al deber fiduciario de velar por tales intereses, mantiene, a la vez, cargos, intereses o relaciones de carácter privado (excepcionalmente, también de carácter público) que le generan el incentivo de favorecer éstos en desmedro o por encima de aquellos”.

Los conflictos de interés no necesariamente derivan en un hecho ilícito si las autoridades o personas involucradas en la relación, actúan de forma ética evitando incurrir en actos que les comprometan. Sin embargo, si a pesar del conflicto de interés, la autoridad toma medidas que le beneficien personalmente o a cierto sector, en detrimento del interés público, no solamente se incurre en una falta a la ética, sino eventualmente también en responsabilidad penal por abuso de autoridad o incumplimiento de deberes. En el caso de la elección de las magistraturas, el sentido de abordar el conflicto de interés, está relacionado con la necesidad de asegurar la independencia e imparcialidad de los magistrados que integrarán la Corte y la posibilidad de fiscalización mutua entre los distintos poderes del Estado.

La fundamentación democrática de la regulación de los conflictos de interés está asociada entre otros elementos, a que los cargos de autoridad están establecidos con el fin de ejercer el poder público al servicio de los objetivos democráticos y no de intereses particulares, a garantizar los derechos fundamentales y a hacer efectivo el bien común, asegurando además que todo ello se produce con una fiscalización interorgánica adecuada y con control ciudadano.  Por ello toda acción o norma que tienda a prevenir, evitar o remediar un conflicto de interés, es válida en el marco de una sociedad democrática, pues éste entraña objetivamente una amenaza de daño a los mismos, independientemente si este daño se produce o no.

En Guatemala, el artículo 18 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos prohíbe a cualquier funcionario “Aprovechar el cargo o empleo para conseguir o procurar servicios especiales, nombramientos o beneficios personales, a favor de sus familiares o terceros mediando o no remuneración. [… y…] Utilizar el poder que le confiere el ejercicio del cargo o empleo en las entidades del Estado, autónomas o descentralizadas, para tomar, participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros.”

Las situaciones objetivas de riesgo suelen contenerse en la Constitución o en leyes ordinarias a través de las normas de incompatibilidades o causales de excusa y recusación, que suelen impedir que se asuma un cargo público quien tiene un conflicto de interés.  En Guatemala, los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad no están obligados a inhibirse en ningún caso, pues no les aplican las causales de excusa establecidas en la Ley del Organismo Judicial ni en cualquier otra ley, por ello, una vez asumido el cargo pueden conocer cualquier caso. Cuando a su juicio por tener interés directo o indirecto o por estar comprometida su imparcialidad, tienen la facultad, pero no la obligación de inhibirse (Art. 170 LAEPC).  Por ello, cualquier conflicto de interés debe atacarse durante el proceso de elección, dado que una vez estando en la magistratura, no es posible invocar este tema.

Algunas prohibiciones mínimas sobre conflicto de interés que deberían observarse en la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, incluyen:

●  Evitar los autonombramientos, es decir constituirse en juez y parte de la elección, beneficiando el órgano elector a alguien que hace parte integrante del mismo, por ejemplo: Diputados, Magistrados de CSJ, Ministros de Estado (Esto es bastante complicado pues existen antecedentes de ello en elecciones anteriores, sin embargo, se puede levantar una discusión al respecto tomando en cuenta que en esta elección todos los órganos hacen parte del Pacto de Corruptos).

●  Identificar y aplicar las normas específicas sobre conflicto de interés para cada órgano elector, por ejemplo, artículo 20 de las normas éticas del Organismo Judicial, Acuerdo 22-2013 de la CSJ; Art. 98 de la Ley del Organismo Legislativo, excusa en votaciones por tener interés directo en el asunto que se discute; etc.

●  Ver en el perfil otras categorías cómo: abogados que habitualmente han defendido estructuras de crimen organizado o RPEIs, entre otros.

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